El reparto de competencias entre el estado y las comunidades autónomas sobre la actividad económica : una aproximación a la interpretación jurisprudencial del artículo 149.1.13 de la Constitución / Manuel Carrasco Durán
Tipo de material:
- 8439367821
- 342.46042 / C313r 23
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Biblioteca Pública José María del Castillo y Rada General Stacks | 342.46042 / C313r (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | 430004681 |
Bibliografía : páginas 483-502.
El reparto de las competencias sobre la actividad económica entre el Estado y las Comunidades autónomas. -- La interpretación del concepto de actividad económica del artículo 149.1.13ª de la Constitución. -- La desnaturalización de la planificación de la actividad económica. -- La calificación de la planificación como general. -- Las bases de la planificación general de la actividad económica. -- Los criterios para el encuadernamiento de las normas y los actos de los poderes públicos en la competencia sobre bases de la planificación general de la actividad económica. -- La competencia del estado para establecer medidas de fomento de las actividades económicas a partir de su competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. -- Especialidades del contenido y de los efectos de las sentencias del tribunal constitucional que resuelven procesos en torno a normas y actas relativos a la actividades económicas.
La ordenación de las actividades económicas constituye uno de los temas que mayor grado de conflicto ha generado entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por una parte, las Comunidades Autónomas tienen competencia exclusiva en relación con un buen número de actividades económicas, pero, por otra parte, el Estado dispone de una competencia transversal, la relativa a las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª de la Constitución), que le permite incidir en la ordenación del conjunto de la actividad económica; por un lado, se admite generalmente que el Estado debe llevar a cabo una labor de dirección de la política económica, pero, por otro lado, son constantes las quejas de las Comunidades Autónomas acerca de las injerencias en sus ámbitos competenciales ocasionadas por las normas del Estado que, amparándose en esta función, regulan hasta el detalle aspectos de las actividades que son objeto de sus competencias y, con ello, recortan, de hecho, su capacidad para decidir políticas propias en torno a las actividades económicas. La presente obra estudia de forma completa esta materia, para lo cual presta especial atención a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de la competencia del Estado sobre las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica.
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